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viernes, 03 mayo, 2019

Nuevo México se enfoca en la energía limpia

Con una nueva ley que exige una transición completa a una red eléctrica con cero emisiones de carbono para 2045, Nuevo México se ha convertido en uno de los pocos estados de Estados Unidos que impulsan la conversación nacional orientada a la energía limpia. El fin de la generación de energía a base de carbón en Nuevo México traerá beneficios claros: reducir las emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire, reducir las tarifas eléctricas, pero también conllevará algunas dificultades económicas. La Ley de Transición Energética apunta a aliviar los efectos del remplazo del carbón en tanto que fuente de energía, tanto para las empresas eléctricas como para los trabajadores, mientras posiciona al Estado para generar buenos empleos en el sector de la energía renovable. [Foto: Office of the New Mexico Governor]

La gobernadora Michelle Luján Grisham, quien asumió el cargo a principios de este año después de una campaña que enfatizó su compromiso con la energía limpia, firmó el proyecto de ley el 22 de marzo y lo calificó de "transformador".

"Este es realmente un tema de gran magnitud", afirmó durante la ceremonia de firma. "La Ley de Transición Energética cambia fundamentalmente la dinámica en Nuevo México".

Con más de 80 páginas (tan solo el título formal del proyecto de ley ocupa una página y media), la Ley de Transición Energética es una legislación comprensiva y compleja diseñada para acelerar el avance hacia la energía renovable y alejarse del carbón. Requiere que las empresas de servicios eléctricos del Estado se aseguren de que las fuentes de energía renovable representen una proporción cada vez mayor del total de las ventas minoristas de electricidad en Nuevo México: 20 por ciento para 2020, 40 por ciento para 2025, 50 por ciento para 2030 y 80 por ciento para 2040.

“A partir del 1 de enero de 2045, el cien por ciento de todas las ventas minoristas de electricidad en Nuevo México deberá suministrarse mediante recursos que no emitan carbono”, especifica la ley. Las cooperativas eléctricas rurales tienen un poco más de tiempo y un poco más de margen para alcanzar ese estándar.

A diferencia de otros estados que han desarrollado metas energéticas o dispuesto políticas, Nuevo México ha establecido requisitos legales para las empresas de suministro eléctrico, afirmó Noah Long, abogado principal del National Resources Defense Council (NRDC), en una entrevista.

"Para Nuevo México, no se trata solamente de un eslogan, es la ley", dijo Long, quien trabaja en la capital del Estado, Santa Fe, e hizo cabildeo a favor del proyecto de ley durante la sesión legislativa de dos meses a principios de año. Señaló que la Ley de Transición Energética es “acertadamente neutral desde una perspectiva tecnológica” con respecto a cómo alcanzar los puntos de referencia de energía renovable, dejando abierta la oportunidad de capitalizar los desarrollos tecnológicos de los próximos 25 años.

El objetivo más ambicioso es de corto plazo, donde se establece que el porcentaje de las energías renovables deberá duplicarse entre 2020 y 2025. "Veo esto no solo como algo realista, sino que de hecho le ahorra dinero a los clientes y le da el puntapié inicial a una oportunidad de desarrollo económico de la energía limpia en el Estado que hasta ahora nos estábamos perdiendo”, dijo Long.

Dada la aguda caída en el costo de la energía solar y eólica en los últimos años, y la abundancia de esos recursos en un Estado desértico del suroeste como Nuevo México, tiene sentido moverse rápidamente, dijo Long. "Estamos perdiendo plata cada día que no usamos esas tecnologías", afirmó.

Si bien llegará el momento en el que la ley exija la erradicación del 100 por ciento de las emisiones, el requisito máximo de energías renovables es del 80 por ciento. Esa diferencia de 20 puntos porcentuales podría provenir del gas natural con captura de carbono, de sistemas de almacenamiento de energía o de otras tecnologías.

Un compromiso cada vez mayor

[Foto: Public Service Company of New Mexico (PNM)]

Nuevo México es el tercer Estado de Estados Unidos comprometido con alcanzar el 100 por ciento de electricidad limpia, después de Hawái y California. Varios otros estados recientemente han tomado medidas en esa dirección, incluidos Washington, Maryland, Nueva York e Illinois.

En Nuevo México, un Estado con profundos retos económicos, muchos líderes ven a la energía renovable como una oportunidad de desarrollo económico.

Fueron los demócratas, ganadores de la gobernación y de ambas cámaras de la legislatura estatal en las elecciones del año pasado, los que impulsaron el proyecto de Ley de Transición Energética. Sin embargo, el proyecto terminó siendo aprobado con el apoyo de ambos partidos, particularmente en el Senado. La mitad de los senadores republicanos del Estado votaron a su favor. Muchos grupos ecologistas, sindicatos, líderes indígenas, entre otros, también respaldaron la legislación, al igual que la empresa de suministro eléctrico más grande del Estado, Public Service Company of New Mexico (PNM).

"PNM es consciente de los retos que esta legislación le impone directamente a nuestra empresa, pero sabemos que no hay un lugar mejor que Nuevo México para lograr que la economía de la energía renovable prospere", afirmó Patricia Vincent-Collawn, Presidenta y Directora General Ejecutiva de PNM Resources (la empresa controlante de PNM), en un comunicado de prensa después de la firma de la ley. La empresa eléctrica había iniciado el proceso de transición hacia fuentes más limpias de energía, pero el carbón aún representa el 56,1 por ciento de su combinación de energía, seguido por la energía nuclear, con un 21,8 por ciento, y el gas natural, con el 12,3 por ciento. Los recursos eólicos, solares y geotérmicos en su conjunto conforman el resto, un poco menos del 10 por ciento.

Los detractores de la Ley de Transición Energética cuestionaron la legislación por conceder demasiadas concesiones a PNM al mitigar el perjuicio que le causa a los accionistas el cierre de la planta de carbón más grande del Estado, la estación generadora San Juan de 847 megavatios, y su mina de carbón adyacente. PNM es propietaria mayoritaria de la estación San Juan, cuyo cierre está programado para 2022. La ley allana el camino para que la empresa eléctrica utilice un mecanismo financiero denominado "titulización" para financiar el abandono de dichos activos.

La idea es que la empresa emita "bonos de transición energética" con baja tasa de interés, a ser pagados a futuro por los usuarios eléctricos, a fin de saldar la deuda con alta tasa de interés de su inversión en la planta San Juan. La empresa eléctrica renunciará al retorno de esa inversión, pero recuperará el capital invertido y evitará tener que absorber la enorme pérdida del valor del activo. Según Long, del NRDC, los contribuyentes se verán beneficiados porque la baja tasa de interés de los bonos con calificación AAA reducirá el costo de la electricidad.

En lo que Long cree ser una de las fortalezas de la ley de Nuevo México, algunos de los ahorros derivados del esquema de financiamiento se reinvertirán en las indemnizaciones por despido y las capacitaciones laborales de los trabajadores de las centrales eléctricas que se verán obligadas a cerrar sus puertas debido a la transición a la energía limpia. La ley otorga hasta US$20 millones de financiamiento para cada planta generadora que cumpla con los requisitos, Los fondos les serán asignados a tres organismos estatales: el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento del Trabajo y el Departamento de Asuntos Indígenas.

La Estación Generadora de San Juan y su mina de carbón adyacente están ubicadas en la esquina noroeste del Estado, cerca de la Nación Navajo, y en conjunto las instalaciones emplean a unas 450 personas. PNM también planea finalizar su participación en la cercana planta de energía Four Corners en 2031.

La ley prevé la consulta con las naciones, tribus y pueblos indios sobre los pasos a seguir, y establece programas de aprendizaje diseñados para capacitar a los trabajadores desplazados y promover el desarrollo económico en las comunidades afectadas por el cierre de plantas.

El presidente de la Nación Navajo, Jonathan Nez, dijo al periódico más grande del Estado, el Albuquerque Journal, que la legislación refleja la adopción de energía renovable de su nación. "Nos gustaría ser el líder en el país indio", dijo.

Tal como lo manifestó la nueva gobernadora de Nuevo México en la ceremonia de firma, “Esta legislación es una promesa para las futuras generaciones del Estado de Nuevo México, quienes se beneficiarán tanto con un medio ambiente más limpio como con una economía energética más robusta con prometedoras oportunidades laborales y profesionales. Principalmente, la Ley de Transición Energética no deja atrás a los trabajadores perjudicados ni a los vecinos. Nos cuidamos el uno al otro. Con esta ley, sellamos esa promesa”.